2.6.23

El 1er año de Boric y sus promesas incumplidas en materia de vivienda y ciudad

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Ustedes se acordarán que apelar al problema del déficit habitacional fue una de las improntas en la campaña presidencial del Presidente Gabriel Boric, problema enunciado en su programa como “El derecho al buen vivir: Vivienda, Ciudad y Territorio”, comprometiendo la construcción de 65.000 viviendas al año como parte del Plan de Emergencia Habitacional.

Sin embargo, después de 15 meses de gobierno, el Ministro Montes (del MINVU), contrario a lo que se entiende por eficiencia, aumentó la burocracia del sector creando más intermediaros—por ejemplo, a través de la Secretaría Ejecutiva de Condominios (SEC)—. Los anuncios en temas de vivienda se han limitado casi exclusivamente a la inauguración de proyectos habitacionales los que en su mayoría ya estaban en curso por el gobierno anterior. Aún menos se ha realizado en relación con nuevos proyectos de mejora urbana.

Su programa incorporó una gran variedad de tipologías en las que entre otras se incluía el aumento de la oferta de arriendo subsidiado, objetivo que en este primer año no se ha concretado. De acuerdo a un reciente estudio realizado por Libertad y Desarrollo, las soluciones habitacionales en el último año habrían caído en aproximadamente 40%, siendo éste el resultado más bajo de la última década (El Libero, 1.3.2023), lo que además de inaceptable, no se condice con el continuo aumento presupuestario en el sector habitacional. 


La contracción del sector privado, la quiebra de numerosas empresas constructoras, el aumento de la inflación y cesantía, la caída de la economía chilena (Imacec), todo con la consiguiente alza en el costo de la vida, alejan a la clase media y sectores de más bajos ingresos de alcanzar el sueño de la casa propia e imponen una mayor demanda a la respuesta habitacional del Estado.

Ocupación ilegal (toma) cercana a Pirque, donde los habitantes se ubican en zonas de alto riesgo, creando además un grave deterioro urbano e impacto medioambiental.

Sumado a lo anterior, no se puede ignorar el impacto de una perniciosa política migratoria en el aumento del déficit, lo que imposibilita su solución por cuanto y de acuerdo a estudios realizados por Techo, sólo en el último año el aumento del número de familias viviendo en campamentos creció en un 39,5% (2022-2023) y de éstas familias un 35% corresponde a inmigrantes (DF, 14.3.2023). Los campamentos, con su falta de planificación urbana, cimientan el deterioro multifactorial de nuestras ciudades. Lo anterior se agrava debido a la criminalidad asociada a la gestión de los campamentos y tomas en las que Atisba calcula un 38% es inducido y manejado por mafias (DF, 8.4.2023) que como bien sabemos no dudan en recurrir al sicariato para el logro de sus fines. Criminalidad diversificada que, en el 2022, con un aumento de homicidios y violaciones del 32% respecto del año 2021 hoy controla nuestras ciudades (24 Horas, 5.1.2013), disponiendo, por ejemplo, cuándo y dónde los estudiantes pueden asistir a clases, mientras recluye a los residentes en sus casas; porque a falta de autoridades competentes para hacer valer nuestros derechos Constitucionales y las leyes vigentes, son los criminales quienes deciden el uso del espacio público.

Si en algo podríamos haber estado de acuerdo con el Pdte. Boric, es en la vinculación entre el “buen vivir”, la ciudad y la vivienda. Sin embargo, la falta de compromiso, de capacidad y sana visión política para el país—aplicada de forma concertada a los sectores económicos, poblacional/migratorio y a la ciudad—, expone a los ciudadanos a los nefastos resultados que hoy padecemos y que repercuten no sólo en la disminución del número de viviendas construidas, sino también en el grave deterioro de las ciudades y de la calidad de vida de los chilenos. 

La vivienda y la ciudad requiere de profesionales idóneos en cuya selección no intervengan favoritismos políticos, sino el objetivo del bien común, expresado a través del conocimiento y experiencia profesional. Requiere de compromisos con sentido de realidad, transparencia y capacidad de implementar buenos instrumentos para agilizar la gestión, todo lo cual aporta a la confianza institucional. Esto, por citar sólo algunos de los ámbitos en los cuales este gobierno ha demostrado graves carencias. 


Dr. Beatriz Maturana Cossio
Arquitecto, Urbanista, Académica U.Chile



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