Hasta la insurrección marxista de octubre del 2019 Chile fue uno de los países más seguros y pujantes de la región. Hoy es un país asediado por el terrorismo, el crimen, la arbitrariedad e incompetencia gubernamental y que continúa abriendo sus puertas a una inmigración descontrolada, una inmigración que no discierne entre criminales, inmigrantes económicos y refugiados, y que prescinde de la vías legales y criterios que aplican a los países OCDE, o a cualquier país democrático y civilizado, donde las prioridades las dictan los intereses del país y de sus ciudadanos.
En ese contexto,
uno de los lamentables resultados de las políticas impulsadas, o impuestas por la izquierda chilena, ha sido el aumento exponencial del déficit
habitacional, donde 57% de aquellos que requieren vivienda en
Santiago y 67% en Antofagasta, son inmigrantes—legales o ilegales, ya no se sabe—.[1]
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| Entrega de viviendas por parte del SERVIU en Quilicura (24.11.2021), muchas de estas familias han esperado de 10 a 15 años y estos tiempos de espera van en aumento. |
El Sr. Díaz propone
que la labor de construcción de viviendas debe quedar en manos de las Fuerzas Armadas (FFAA), quienes hasta hoy tienen una función vital y
específica en la protección del país. Su propuesta tiene varias aristas, una de
ellas es “castigar” a las FFAA al otorgarles un rol que no corresponde a su actual objetivo, y en el proceso desmerecer su razón de ser. El segundo
mensaje es uno que no se condice con la profesionalización de los oficios, donde
obreros de la construcción han visto su labor valorada a través de la especialización, no expresada en su propuesta. Tampoco reconoce la importancia de profesionales tales como arquitectos,
ingenieros, urbanistas entre otros, quienes participan de las distintas etapas
del diseño y construcción, tanto a nivel residencial como del proyecto urbano. Una
tercera arista es relegar, sino
desmantelar, la empresa privada de la construcción en sus distintas especialidades y la empresa inmobiliaria.
Lo que esta propuesta no presenta discute por supuesto, son los resultados de
todo lo anterior, resultados que ya conocemos en países como Cuba y Venezuela. Su propuesta promueve la precarización de la vivienda (y las tomas ilegales de terrenos), con ella la precarización de los conjuntos residenciales, barrios y de
la ciudad. Una destrucción morfológica, social y conceptual. Demás está decir que, en su visión marxista de la vivienda y
la ciudad, las empresas privadas y con ello las
empresas, constructoras no tienen cabida. Por lo tanto, lo que sí existiría es el desempleo y con ellos la falta de recursos (materiales y económicos) necesarios para
la construcción de viviendas, sean estas precarias o no.
El ejemplo citado por él, donde personas construyeron su vivienda, no toma en
consideración que antaño las personas estaban familiarizadas con los oficios, los que se
transmitían de generación en generación. Casi un siglo después, hemos ganado
mucho en términos de educación y empleo formal, en servicios y comunicación
digital, y también nos hemos alejado de los oficios. Si bien la autoconstrucción
respondió alguna vez a una necesidad circunstancial del siglo pasado, proponer que esta se convierta
en una política habitual, es una condena. Repito que la vivienda no construye ciudad, la ciudad tiene vivienda, y esa ciudad tiene que ser pensada para
que responder a las necesidades y aspiraciones presentes y futuras.
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| Participación de Prof. Beatriz Maturana en el debate. |
Pero ¿por
qué es importante volver a revisar la propuesta de Boris Díaz?
Porque, por inverosímil e irresponsable que hubiese parecido su visión el 15 de noviembre del 2021, hacia allá apuntan hoy las propuestas tanto del gobierno, como de la Convención
Constituyente: la erosión de
las FFAA como las conocemos, para tomar un papel subyugado al régimen que
controle el país—régimen marxista que trata de consolidarse a
través de cambios constitucionales que merman la democracia—; continuación de la política de puertas abiertas a la inmigración sin
normas o restricciones, lo que consolida—como una realidad permanente—, el déficit de vivienda
que ya tenemos; y la precarización de la
construcción de la vivienda, al debilitar y/o limitar la existencia de
empresas privadas para la provisión de servicios en general (salud,
educación, previsión social,
minería e infraestructura pública), incluyendo limitaciones a la subcontratación de mano de obra calificada y
especializada. Lo anterior, en favor de una maquinaria Estatal
todopoderosa.
* Correcciones menores a esta nota fueron realizadas el 14.7.2023
[1]
TECHO-Chile y Fundación Vivienda, Catastro
Nacional de Campamentos 2020-2021, TECHO-Chile y Fundación Vivienda
(Santiago, Chile: Techo Chile, 2021): 21, https://ceschile.org/wp-content/uploads/2020/11/Informe%20Ejecutivo_Catastro%20Campamentos%202020-2021.pdf
[2] Presidenciales 2021: Debate Vivienda y Ciudad: https://www.biobiochile.cl/biobiotv/especiales/2021/11/15/presidenciales-2021-debate-vivienda-y-ciudad.shtml
