En su programa presidencial el Sr. Gabriel Boric propone la poco innovadora “inmobiliaria popular” como solución al déficit habitacional, del que culpa al presente gobierno. Llama la atención que el Sr. Boric desconozca que Techo, en su informe 2020-2021, aseveró que el mayor aumento de campamentos ocurrió en el semestre que precedió a la insurrección del 18.O y previo a la pandemia. Asimismo, las políticas económicas impulsadas por su sector han resultado en el aumento de la inflación, alejando así la posibilidad de acceso a la vivienda para los sectores de menores ingresos.
Recordemos que la inmobiliaria popular, impulsada por el alcalde Daniel Jadue—parte también del programa a gobernadora de Karina Oliva y del autodenominado luchador social, Lautaro Guanca de Peñalolén—, se ha destacado por su dudosa gestión, lo que demandó una investigación de contraloría, evidenciando serias faltas, entre ellas la asignación de departamentos a personas que no eran beneficiarios al subsidio de arriendo otorgado por el Minvu (Informe Final Nº 729/2020). Cabe preguntarse, si tal como sucede en Venezuela con el “Ministerio del Poder Popular para Vivienda” ¿serán los consejos comunales y organizaciones políticas quienes elijan a los beneficiarios? Destaco que, las solicitudes públicas de las familias venezolanas incluyen “un saludo Bolivariano y revolucionario”.
Un país que se proyecta responsablemente al siglo XXI, requiere de una gestión eficiente y transparente para responder a las demandas sociales. La creación de intermediarios tales como la “inmobiliaria popular” para el manejo de los recursos fiscales, entorpece y oscurece dicha gestión, prestándose así para la utilización política de las necesidades de las personas más vulnerables.
