El reciente artículo “Déficit habitacional” (29.6.21) afirma que sólo entre el año 2018 y 2019 se registró un aumento [no planificado] de 19.4% de inmigrantes. La migración representaría el 22% del déficit habitacional en la condición de allegados y un porcentaje elusivo, pero no menor en las 700.000 viviendas que conforman el actual déficit habitacional.
Estos datos, que son mucho más que meros números, reflejan un Estado que desde el 2015 tiende a posicionarse como ONG más, si bien preocupado, dejando de lado su rol fundamental en la gestión racional de las múltiples complejidades que representa cada área de desarrollo nacional y con ello, el apego y aplicación de las leyes que aseguran ecuanimidad.
No es casualidad
que, en el actual contexto de debilidad del Estado y donde la crisis
habitacional es sólo un síntoma más, este drama, caracterizado por la
precariedad, hacinamiento y abuso de quienes lucran de las necesidades, sea
también fuente de aprovechamiento en algunas campañas presidenciales, las que prometen,
en las tomas de terrenos, ‘soluciones’ ficticias y además ilegales al problema.
Este oportunismo político comprometería aún más la calidad de las ciudades y
con ello la calidad de vida de todos sus habitantes.
Me consta que la
propuesta del MINVU es una respuesta rigurosa e inclusiva de las distintas
perspectivas, representando y ofreciendo soluciones a una gran gama de
necesidades. Sin embargo, si las propuestas para soluciones habitacionales no
vienen apoyadas por una política poblacional responsable—que incluya por
ejemplo a la creciente población de adultos mayores e inmigrantes—y donde se
equilibren y responda de forma conjunta a las necesidades del país en vivienda,
salud, educación y empleo—, cualquier propuesta habitacional, por sobrehumana
que parezca, no podrá ofrecer una solución sustentable en el tiempo.
Beatriz Maturana Cossio
Arquitecto Académica U.Chile
